LAS VÍCTIMAS DE UNA VIOLACIÓN DEBEN NOTIFICAR A SUS VIOLADORES EN CASO DE QUE DECIDAN ABORTAR

Una nueva ley establece que el feto abortado será tratado como un miembro fallecido de la familia, requiriendo del consentimiento de los dos padres para abortar.

     Arkansas recientemente cruzó una línea que establece numerosas restricciones para poder abortar, incluyendo una provisión que obligará a las mujeres a notificar al padre del feto antes de que puedan interrumpir su embarazo. 

   Este requerimiento establece que se debe prescindir del "feto muerto" de acuerdo con la preexistente Acta de Derechos de la Disposición Final, lo que significa que el feto abortado en cualquier momento de la gestación será considerado un miembro fallecido de la familia.

     "El Acta de Derechos de la Disposición Final de 2009 se escribió para establecer lo que sucedería con una persona fallecida si esa persona, mientras vivía, no especificó cómo quería que se deshicieran de su cuerpo", nos explicó por teléfono Talcott Camp, el director del Proyecto de Libertad Reproductiva de ACLU*.

     De acuerdo con la ley, la decisión está sujeta a cierta jerarquía: primero la esposa, luego los hijos vivos, los padres vivos, y los abuelos. Cuando el sujeto es un feto - dado que un feto no tendría esposa o hijos - la ley requiere que los dos padres del feto lleguen a un acuerdo sobre cómo disponer el cadáver antes de abortarlo. Si una menor tiene intención de abortar, la decisión será de sus padres (los abuelos del feto) porque una persona tiene que ser mayor de 18 años para acogerse a los derechos de la disposición final.

     En la actualidad, la única clínica del estado que ofrece toda la variedad de servicios de planificación reproductiva, tiene contrato con un profesional que transporta el tejido para ser incinerado (muy pocas mujeres eligen incinerar el feto en compañías independientes). Bajo la nueva ley, la clínica está obligada a contactar a la pareja sexual de la mujer - y en algunos casos a sus padres - y todas las partes tienen que estar de acuerdo con la decisión de la mujer de abortar. La ley no contempla a las víctimas de violación como una excepción, y esto significa que tienen que incluir a su violador en la toma de decisión.
     "Ningún médico puede practicar un aborto sin haber intentado antes contactar con el padre" dice Camp. Puntualiza también que la ley abre una brecha importante en la privacidad. "Para empezar, una mujer puede que no quiera que esa persona sepa nada sobre su historial médico". 
     La ley también implicaría un retraso en la atención a la mujer, y permitiría que el padre o un abuelo del feto simplemente impidan el aborto. Por ejemplo, si hay discrepancia entre la mujer y su compañero sexual sobre cómo deshacerse de los restos del feto, el caso iría directamente a juicio.  "Es una locura" dice Camps. "Estas mujeres lo único que pueden hacer es sentarse a esperar la decisión de otros". La ACLU presentó un recurso contra esta ley y contra otras tres leyes antiaborto en junio de este año. La primera vista del juicio será el próximo jueves donde un juez decidirá si interpone un requerimiento para que esta ley no tenga efecto hasta que se tome una decisión sobre el caso (en principio la ley entraría en vigor el 30 de julio).
     Por último, la ley podría obligar a las dos clínicas del estado que practican abortos legalmente a dejar de hacerlo: no especifica cómo se supone que las mujeres deben proceder ante un aborto en casa, que es lo que ocurre cuando los padres deciden como método la píldora abortiva. "Esta ley podría llegar a prohibir el aborto químico" declaró Lori Williams, una enfermera de la clínica de planificación familiar Little Rock, en apoyo al recurso presentado por la ACLU contra la ley. Little Rock es la única clínica del estado que actualmente practica abortos químicos y quirúrgicos.
     En la demanda presentada por la ACLU, el Dr. Fredrick Hoplins, trabajador de la clínica Little Rock, advierte de que esta ley es peligrosamente difusa, porque quienes no la cumplan podrían enfrentarse a penas por crímenes, y a él le "obligarían a dejar de practicar abortos pero también a no ofrecer los cuidados necesarios tras un aborto natural".
     Arkansas ha ido aún más allá de una ley que prohibía el procedimiento llamado dilatación y evacuación, un tipo de interrupción del embarazo que se practicaba habitualmente en el segundo trimestre del mismo: la ley actual obligará a los médicos a obtener todos los datos del historial de embarazos de la paciente antes de practicar una interrupción, y les obliga a informar a la policía cuando la paciente es mejor de edad, enviando el tejido fetal como "prueba".
     "El endurecimiento de las cuatro leyes que se han  recurrido amenaza con prohibir todos los derechos de las mujeres a abortar establecidos en la Constitución" escribe Hopkins en la demanda. "Cada una de estas leyes implica posponer cualquier actuación, poniendo en peligro la salud de la mujer y haciendo finalmente imposible que pueda interrumpir su embarazo".

Traductora: Marina Liñán

*ACLU: La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (en inglés American Civil Liberties Union)  es una organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos

Artículo escrito por Gaby Bess y publicado originalmente en Broadly el 10 de julio de 2017

https://broadly.vice.com/en_us/article/nev3vx/rape-victims-must-notify-their-rapist-before-getting-an-abortion-in-arkansas