SE ALQUILA ÚTERO
El valiente nuevo mundo de las parejas sin hijos, los abogados emprendedores y las madres gestantes.
A finales del del verano de 2011, una mujer de 29 años llamada Crystal Kelley de Vernon, Connecticut, accedió a convertirse en madre de alquiler para una pareja de Connecticut que ya tenía tres hijos, todos ellos prematuros y dos de los cuales, a consecuencia de esto, sufrían problemas médicos. La pareja quería un cuarto hijo que estuviera completamente sano.
El contrato que firmaron los tres adultos fue negociado por medio de una agencia de subrogación, una de los cientos que han florecido por todos los Estados Unidos desde principios de la década de los 80, cuando se hizo posible implantar un óvulo fertilizado en el útero de una mujer que no era la madre biológica. En este caso, a Kelley le implantaron dos embriones que la pareja aseguró que habían sido fecundados in vitro con los genes de ambos. Connecticut, como muchos otros estados, no tiene leyes sobre la prohibición o permisión de la subrogación, pero algunos juzgados de Connecticut han aprobado acuerdos al respecto, accediendo a que los "padres de intención" - la gente para quienes la madre subrogada gesta al bebé - puedan constar en el certificado de nacimiento de dicho bebé como los padres legales sin tener que pasar por un proceso de adopción formal, siempre que sean los padres genéticos. En el momento en que accedió a ser madre gestante, Kelley estaba desempleada y a duras penas podía sacar adelante a sus dos hijas con la pensión que le pasaba su exmarido. En el contrato se estipulaba un pago para ella de 22.000 dólares* - más cerca de la cantidad mínima de 20.000 dólares que de los más de 40.000 dólares que puede llegar a cobrar una madre subrogada en la actualidad -, más los gastos médicos.
Uno de los embriones implantados prosperó, y todo fue bien durante los cinco primeros meses de embarazo de Kelley. Sin embargo, durante una prueba de ultrasonido practicada en la semana 21 de embarazo se descubrió que el bebé, una niña, posiblemente nacería con severos problemas. A partir de ahí todo fue catastrófico. Los padres de intención intentaron forzar una cláusula en el contrato que obligara a Kelley a abortar si el feto era defectuoso. Kelley viajó a Michigan, donde la maternidad subrogada es ilegal, y dio a luz finalmente al bebé, pero lo dio en adopción. El caso Kelley se ha convertido en sujeto de numerosos estudios con distintas interpretaciones, desde la controversia de la maternidad subrogada hasta la reproducción asistida en general.
La agencia de subrogación a la que acudieron Kelley y la pareja, Surrogacy International, estaba dirigida por una mujer llamada Rita Kron, conocida por exagerar la facilidad de los trámites de la subrogación en Surromomsonline.com, una web de anuncios y chat para mujeres que deciden ofrecerse como madres subrogadas. El teléfono de la agencia llevada por Rita Kron tiene el prefijo 718 correspondiente al área de la ciudad de Nueva York, pero la propia agencia está registrada en Pennsylvania, donde dicen que la subrogación es legal (de hecho, la legalidad de la subrogación en Pennsylvania no está del todo clara, y todas las llamadas y mensajes que le dejé a Kron en el número de la agencia nunca han sido contestadas). Fue la propia Rita Kron la que presentó a la pareja a Kelley, que desgraciadamente necesitaba los 2.200 dólares mensuales que le iban a pagar durante el embarazo.
Cuando el ultrasonido reveló en febrero de 2012 que el bebé tenía una fisura palatina además de serias anomalías en el cerebro y el corazón, los padres de intención ofrecieron a Kelley 10.000 dólares para que abortara. Al principio Kelley accedió, pero pidió 15.000 dólares en vez de 10.000. La pareja se negó y contrataron un abogado, Douglas Fishman, de West Hartford, que escribió a Kelley una carta amenazadora instándola a que interrumpiera inmediatamente el embarazo (en Connecticut el aborto después de las 24 semanas es ilegal) y advirtiéndole de que tendría que pagar miles de dólares por daños así como sus gastos médicos si no seguía este procedimiento. De hecho, aunque Kelley en aquel momento no lo sabía, ningún juzgado podía obligar a una mujer a someterse a un aborto. Después de que Kelley encontrara un abogado dispuesto a representarla altruistamente, para disputar la cláusula del contrato sobre el aborto, los padres le dijeron que lo que harían sería dejarla tirada con el bebé. En abril de 2012, embarazada de 7 meses, se fue con sus hijas a Michigan, un estado donde la subrogación no solo es ilegal sino que además reconoce a la mujer que gesta el bebé como la madre legal. Allí encontró una pareja dispuesta a adoptar a la bebé.
En mayo de 2012 los padres que la contrataron como vientre de alquiler pusieron una demanda en Connecticut solicitando ser declarados los padres legales de la bebé para poder dársela a los servicios sociales del estado de Connecticut y que se hicieran cargo de ella. La demanda reveló - aparentemente por primera vez - que el embrión que le habían implantado no procedía de los padres, sino de una donante de óvulos anónima, lo que implicaba que la que iba a ser la madre legal no tenía ningún vínculo genético con el bebé, y por tanto ningún derecho legal de maternidad, ni siquiera en Connecticut. El 25 de junio de 2012, Kelley llegó al final de sus 9 meses de embarazo y dio a luz a una bebé con problemas médicos. Todas las partes llegaron a un acuerdo: los padres adoptivos criarían a la Bebé S., como fue identificada, y su padre genético renunciaría a todos sus derechos como padre a cambio de que le fuera permitido visitarla de vez en cuando.
Sin embargo, hubo recriminaciones desde todas las partes. Kelley fue vilipendiada por no cumplir el contrato, por no haber informado de dos abortos naturales que había sufrido anteriormente, por pedir a los padres más dinero para abortar y por finalmente negarse a abortar un bebé con el que no tenía conexiones genéticas y con pocas oportunidades de llevar una vida normal. La pareja que la contrató como vientre de alquiler fue duramente criticada por mentir intencionadamente sobre el origen del embrión, por intentar culpar a la madre gestante, y por querer conseguir a la bebé para abandonarla en los servicios sociales. Fishman fue sancionado por amenazar a la madre gestante para intentar obligarla a abortar cuando él sabía que no podía obligarla según la ley, y también sabía que una cláusula que tratara sobre el aborto no debería estar incluida en el contrato de subrogación bajo ningún concepto.
El fiasco de este caso ilustra perfectamente la necesidad de leyes más duras que las actuales en la industria de la subrogación. Cualquier asunto que afecte a la maternidad también afecta a las leyes de estado, que en realidad son una amalgama de estrictas prohibiciones y una indulgencia silenciosa cuando se trata de subrogación. Solo unos pocos estados (entre los que se incluye Illinois, Nevada, New Hampshire, Texas, Utah, y recientemente California) tienen leyes escritas que especifican claramente la permisividad de la subrogación (con distintos grados de restricciones según el estado). Aquellos que piden regular la subrogación, incluidos los abogados que trabajan en el campo de la reproducción asistida, claman que regularla legalmente protegería a las madres subrogadas. Esas madres contarían con su propio abogado (elegido por la madre de alquiler pero pagado por los padres intencionados) desde el momento que firman el contrato, y dejando claro en el mismo que se les pagará por su esfuerzo sin violar ninguna de las prohibiciones relativas al tráfico de bebés, y se asegurará que contarán con atención médica adecuada, también pagada por los intencionados padres, que cubran tanto el embarazo como sus posibles complicaciones.
Traductora: Marina Liñán
*22.000 euros serían en el año 2013 algo más de 19.000 euros.
Hay que tener en cuenta que el propio artículo aclara que es un precio muy cercano al mínimo que se le paga a una madre de alquiler, siendo el máximo 40.000 dólares, exactamente el doble. (N. de la T.)
Nótese que en todo momento durante el artículo se trata a las agencias de subrogación como "industria", con ganancia para las mismas pero también para los abogados y se habla de "pagos por el esfuerzo de las gestantes". El caso tratado es el de una mujer que necesitaba dinero para criar a sus propias hijas, en ningún momento se trata el tema como algo de carácter solidario o altruista (N. de la T.)
Publicado originalmente en Weekly Standard, el 7 de octubre de 2013.
http://www.weeklystandard.com/womb-for-rent/article/757215
Uno de los embriones implantados prosperó, y todo fue bien durante los cinco primeros meses de embarazo de Kelley. Sin embargo, durante una prueba de ultrasonido practicada en la semana 21 de embarazo se descubrió que el bebé, una niña, posiblemente nacería con severos problemas. A partir de ahí todo fue catastrófico. Los padres de intención intentaron forzar una cláusula en el contrato que obligara a Kelley a abortar si el feto era defectuoso. Kelley viajó a Michigan, donde la maternidad subrogada es ilegal, y dio a luz finalmente al bebé, pero lo dio en adopción. El caso Kelley se ha convertido en sujeto de numerosos estudios con distintas interpretaciones, desde la controversia de la maternidad subrogada hasta la reproducción asistida en general.
La agencia de subrogación a la que acudieron Kelley y la pareja, Surrogacy International, estaba dirigida por una mujer llamada Rita Kron, conocida por exagerar la facilidad de los trámites de la subrogación en Surromomsonline.com, una web de anuncios y chat para mujeres que deciden ofrecerse como madres subrogadas. El teléfono de la agencia llevada por Rita Kron tiene el prefijo 718 correspondiente al área de la ciudad de Nueva York, pero la propia agencia está registrada en Pennsylvania, donde dicen que la subrogación es legal (de hecho, la legalidad de la subrogación en Pennsylvania no está del todo clara, y todas las llamadas y mensajes que le dejé a Kron en el número de la agencia nunca han sido contestadas). Fue la propia Rita Kron la que presentó a la pareja a Kelley, que desgraciadamente necesitaba los 2.200 dólares mensuales que le iban a pagar durante el embarazo.Cuando el ultrasonido reveló en febrero de 2012 que el bebé tenía una fisura palatina además de serias anomalías en el cerebro y el corazón, los padres de intención ofrecieron a Kelley 10.000 dólares para que abortara. Al principio Kelley accedió, pero pidió 15.000 dólares en vez de 10.000. La pareja se negó y contrataron un abogado, Douglas Fishman, de West Hartford, que escribió a Kelley una carta amenazadora instándola a que interrumpiera inmediatamente el embarazo (en Connecticut el aborto después de las 24 semanas es ilegal) y advirtiéndole de que tendría que pagar miles de dólares por daños así como sus gastos médicos si no seguía este procedimiento. De hecho, aunque Kelley en aquel momento no lo sabía, ningún juzgado podía obligar a una mujer a someterse a un aborto. Después de que Kelley encontrara un abogado dispuesto a representarla altruistamente, para disputar la cláusula del contrato sobre el aborto, los padres le dijeron que lo que harían sería dejarla tirada con el bebé. En abril de 2012, embarazada de 7 meses, se fue con sus hijas a Michigan, un estado donde la subrogación no solo es ilegal sino que además reconoce a la mujer que gesta el bebé como la madre legal. Allí encontró una pareja dispuesta a adoptar a la bebé.
En mayo de 2012 los padres que la contrataron como vientre de alquiler pusieron una demanda en Connecticut solicitando ser declarados los padres legales de la bebé para poder dársela a los servicios sociales del estado de Connecticut y que se hicieran cargo de ella. La demanda reveló - aparentemente por primera vez - que el embrión que le habían implantado no procedía de los padres, sino de una donante de óvulos anónima, lo que implicaba que la que iba a ser la madre legal no tenía ningún vínculo genético con el bebé, y por tanto ningún derecho legal de maternidad, ni siquiera en Connecticut. El 25 de junio de 2012, Kelley llegó al final de sus 9 meses de embarazo y dio a luz a una bebé con problemas médicos. Todas las partes llegaron a un acuerdo: los padres adoptivos criarían a la Bebé S., como fue identificada, y su padre genético renunciaría a todos sus derechos como padre a cambio de que le fuera permitido visitarla de vez en cuando.
Sin embargo, hubo recriminaciones desde todas las partes. Kelley fue vilipendiada por no cumplir el contrato, por no haber informado de dos abortos naturales que había sufrido anteriormente, por pedir a los padres más dinero para abortar y por finalmente negarse a abortar un bebé con el que no tenía conexiones genéticas y con pocas oportunidades de llevar una vida normal. La pareja que la contrató como vientre de alquiler fue duramente criticada por mentir intencionadamente sobre el origen del embrión, por intentar culpar a la madre gestante, y por querer conseguir a la bebé para abandonarla en los servicios sociales. Fishman fue sancionado por amenazar a la madre gestante para intentar obligarla a abortar cuando él sabía que no podía obligarla según la ley, y también sabía que una cláusula que tratara sobre el aborto no debería estar incluida en el contrato de subrogación bajo ningún concepto.
El fiasco de este caso ilustra perfectamente la necesidad de leyes más duras que las actuales en la industria de la subrogación. Cualquier asunto que afecte a la maternidad también afecta a las leyes de estado, que en realidad son una amalgama de estrictas prohibiciones y una indulgencia silenciosa cuando se trata de subrogación. Solo unos pocos estados (entre los que se incluye Illinois, Nevada, New Hampshire, Texas, Utah, y recientemente California) tienen leyes escritas que especifican claramente la permisividad de la subrogación (con distintos grados de restricciones según el estado). Aquellos que piden regular la subrogación, incluidos los abogados que trabajan en el campo de la reproducción asistida, claman que regularla legalmente protegería a las madres subrogadas. Esas madres contarían con su propio abogado (elegido por la madre de alquiler pero pagado por los padres intencionados) desde el momento que firman el contrato, y dejando claro en el mismo que se les pagará por su esfuerzo sin violar ninguna de las prohibiciones relativas al tráfico de bebés, y se asegurará que contarán con atención médica adecuada, también pagada por los intencionados padres, que cubran tanto el embarazo como sus posibles complicaciones.
Traductora: Marina Liñán
*22.000 euros serían en el año 2013 algo más de 19.000 euros.
Hay que tener en cuenta que el propio artículo aclara que es un precio muy cercano al mínimo que se le paga a una madre de alquiler, siendo el máximo 40.000 dólares, exactamente el doble. (N. de la T.)
Nótese que en todo momento durante el artículo se trata a las agencias de subrogación como "industria", con ganancia para las mismas pero también para los abogados y se habla de "pagos por el esfuerzo de las gestantes". El caso tratado es el de una mujer que necesitaba dinero para criar a sus propias hijas, en ningún momento se trata el tema como algo de carácter solidario o altruista (N. de la T.)
Publicado originalmente en Weekly Standard, el 7 de octubre de 2013.
http://www.weeklystandard.com/womb-for-rent/article/757215
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